Asuntos que no admiten un segundo intento.

Es un estudio peruano. Tiene su sede en San Isidro, Lima, está constituido bajo derecho peruano y la dirección letrada de todos los asuntos corresponde a abogados colegiados en el Perú.

Lo que lo distingue es el enlace: mantenemos alianza estable con despachos en Madrid, Valencia, Barcelona y Málaga que ejecutan la parte española de aquellos asuntos que la requieren, y abogado corresponsal en São Paulo para Brasil. Usted contrata en Lima, con un único interlocutor, un único expediente y una única factura.

Sí. La defensa penal económica y corporativa en el Perú es una línea propia del estudio y no depende de que exista componente internacional.

Asumimos investigaciones y procesos por lavado de activos, colusión, delitos contra la administración pública, delitos tributarios y aduaneros, y defensa de directivos y accionistas, así como procesos de extinción de dominio. El componente español se añade cuando el asunto lo tiene; no es requisito para que lo asumamos.

La extinción de dominio es un proceso autónomo, de naturaleza real y no penal, regulado en el Perú por el Decreto Legislativo 1373. Se dirige contra los bienes y no contra la persona, y por eso no exige condena penal previa ni declaración de responsabilidad de su titular: basta con que el Estado sostenga que el bien tiene origen o destino ilícito.

Esa autonomía es lo que lo hace especialmente peligroso para el tercero de buena fe, que debe acreditar de forma documentada la licitud del origen de sus fondos. La defensa se construye sobre trazabilidad patrimonial y conviene prepararla antes de la incautación, no después.

Sí. Una notificación roja no es una orden de detención internacional automática: es una solicitud de localización y detención provisional dirigida a los países miembros, y cada Estado decide si la ejecuta conforme a su propio derecho.

Puede impugnarse ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL, órgano competente para revisar y, en su caso, ordenar la supresión de los datos cuando la solicitud vulnera el estatuto de la organización, tiene motivación política o no respeta garantías procesales. En paralelo se trabaja el procedimiento de origen, la extradición y, cuando ya existe condena, el traslado de personas condenadas al amparo de los instrumentos bilaterales entre el Perú y España.

No. La residencia por inversión fue suprimida por la disposición final vigesimoprimera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, y dejó de concederse el 3 de abril de 2025. Quien ya la tenía o presentó solicitud antes de esa fecha conserva su situación.

Las vías vigentes para establecerse hoy en España son la residencia no lucrativa, el visado de teletrabajo internacional, el arraigo, la reagrupación familiar y el visado de emprendedor. Para nacionales peruanos existe además una ventaja decisiva sobre la que conviene planificar desde el principio: la nacionalidad española por residencia se alcanza con sólo dos años.

Dos años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud. El Código Civil español reduce a dos años el plazo general de diez para los nacionales de países iberoamericanos, entre ellos el Perú.

Quien adquiere la nacionalidad española por esta vía no está obligado a renunciar a la peruana. Deben acreditarse buena conducta cívica y suficiente grado de integración, que se prueba con la prueba CCSE y, cuando corresponde, el DELE. La planificación importa: el tipo de residencia con el que se entra determina si esos dos años cuentan o no.

No. Ambos países suscribieron un convenio de doble imposición en 2006, pero nunca llegó a entrar en vigor porque no completó el proceso de ratificación. Los convenios vigentes del Perú son los suscritos con Canadá, Chile, Brasil, Corea, México, Suiza, Portugal y Japón, además de la Decisión 578 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, quien percibe rentas o mantiene activos en ambos países se expone a una doble imposición efectiva que sólo puede mitigarse con planificación previa y con los mecanismos unilaterales de deducción que prevé cada legislación por separado.

Se aplican dos sistemas que no coinciden. Desde la perspectiva española, el Reglamento (UE) 650/2012 somete la sucesión a la ley del país de residencia habitual del causante al fallecer, salvo que este hubiera elegido en testamento la ley de su nacionalidad. Desde la perspectiva peruana, los inmuebles situados en el Perú se rigen por la ley peruana y su transmisión debe inscribirse en SUNARP conforme al derecho registral local.

En la práctica se tramitan dos procedimientos coordinados: el documento sucesorio español debe apostillarse y, según el caso, protocolizarse ante notario peruano para acceder al registro. El orden en que se hacen las cosas importa; invertirlo suele costar meses y un procedimiento adicional.

El Perú no tiene un impuesto sucesorio equivalente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones español: la adquisición por herencia no está gravada como tal. Eso no significa que la operación sea neutra.

La posterior venta del bien heredado sí genera impuesto a la renta en el Perú, y el heredero residente en España debe declarar la adquisición conforme a la normativa española, que grava la sucesión con independencia de dónde se encuentren los bienes. La asimetría entre ambos regímenes, sumada a la ausencia de convenio, es donde se preserva o se pierde patrimonio.

Sí. La Constitución peruana equipara a nacionales y extranjeros en cuanto al derecho de propiedad, con una restricción relevante: dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas ni combustibles, salvo caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo. Fuera de esa franja no hay limitación por nacionalidad.

La dificultad real no es legal sino registral: el tracto sucesivo, las superposiciones de partidas y la validez de los títulos anteriores. Ahí debe concentrarse la revisión antes de firmar.

Las tres opciones habituales son la sucursal, la Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) y la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). La S.A.C. predomina en inversión extranjera por su flexibilidad de gobierno y su facilidad para incorporar socios. La sucursal evita crear una persona jurídica nueva pero no aísla la responsabilidad de la matriz.

La decisión no debería tomarse por el coste de constitución, que es marginal, sino por el tratamiento fiscal de la repatriación de utilidades. En ausencia de convenio con España, ese es el factor que determina el retorno neto del inversor.

Además del despacho aduanero, la mayoría de productos de consumo requieren autorización sanitaria previa. Los alimentos y bebidas industrializados necesitan registro sanitario ante DIGESA; los medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y productos sanitarios, ante DIGEMID; los productos de origen agropecuario, autorización de SENASA.

A ello se suman la clasificación arancelaria correcta —que determina el coste real de la operación—, el etiquetado conforme a normativa peruana y, cuando hay distribución local, un contrato con cláusulas de terminación redactadas para evitar indemnizaciones no previstas.

No de forma automática. Para que una sentencia o resolución dictada en España produzca efectos en el Perú —un divorcio, una adjudicación hereditaria, una condena civil, una resolución de alimentos— debe homologarse previamente mediante el procedimiento de exequátur ante la autoridad judicial peruana.

Sin ese reconocimiento, el documento extranjero no accede al registro ni es ejecutable. Es uno de los puntos donde más tiempo se pierde: se litiga años en España y luego se descubre que en el Perú hay que empezar un procedimiento adicional que podría haberse previsto desde el principio.

Con tres modalidades, siempre presupuestadas por escrito antes de iniciar: honorario fijo cerrado por proyecto para operaciones de alcance definido; iguala mensual para clientes con necesidad recurrente de asesoría; y honorario base más cuota de éxito en contencioso.

La primera consulta es de pago y se descuenta del encargo si este se formaliza. No trabajamos por hora sin techo, y no aceptamos encargos cuyo coste previsible sea desproporcionado respecto del interés en juego.

Sí, y es una parte sustancial de la práctica. Buena parte de los encargos se gestionan íntegramente a distancia mediante poder otorgado ante el consulado peruano correspondiente o ante notario extranjero con apostilla de La Haya, e inscrito después en el Registro de Mandatos y Poderes de SUNARP.

Con ese poder inscrito, el cliente no necesita viajar al Perú para vender un inmueble, aceptar una herencia, constituir una sociedad o comparecer en un procedimiento.

Español, inglés y catalán. La documentación contractual se prepara en versión bilingüe cuando la operación lo requiere, con cláusula expresa de idioma prevalente para evitar discusiones interpretativas posteriores.

Lima y la España peninsular tienen siete horas de diferencia en horario de verano europeo y seis en invierno. Reservamos las mañanas de Lima para la coordinación con España, que es donde coinciden las agendas de ambos lados.